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El presidente sudafricano califica los disturbios como ataque a la democracia

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Pretoria, 17 jul (Sputnik).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, catalogó los desórdenes y saqueos masivos de los últimos días, que dejaron 212 muertos y más de 2.500 detenidos, como un ataque a la democracia. «Está bastante claro que todos esos incidentes de la última semana no fueron más que un ataque deliberado, coordinado y bien planificado contra nuestra democracia», señaló el mandatario en un mensaje publicado en el sitio web del Gobierno. El orden constitucional del país, advirtió, corre peligro ya que la incitación a la violencia buscaba paralizar la economía, provocar inestabilidad social y debilitar gravemente o derrocar al Gobierno democrático. Según el líder sudafricano, los que estaban detrás de esos actos intentaron provocar una insurrección popular con el pretexto del descontento político e incitar tensiones raciales y violencia mediante las redes sociales, las noticias falsas y la desinformación. Los protestas en Sudáfrica comenzaron el 9 de julio después de que el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) entrara a prisión para cumplir una condena. La Corte Constitucional condenó a Zuma a 15 meses de cárcel por negarse a declarar en un caso de presunta corrupción durante su gobierno. Si bien el exmandatario en un principio se había negado a acatar la sentencia, a última hora del miércoles se entregó a la policía. Zuma se vio obligado a dimitir en febrero de 2018 –un año antes de que finalice su mandato– a instancias de su partido Congreso Nacional Africano en medio de acusaciones de malversación de fondos públicos. La justicia le acusaba de fraude, corrupción, lavado de dinero y extorsión, cargos que el líder sudafricano rechazó tajantemente aduciendo que todas sus operaciones financieras fueron vigiladas por los organismos competentes. En 2009 Zuma ya enfrentó 783 cargos de corrupción relacionados con contratos públicos para la adquisición de armas en los años 90, pero después de su victoria en los comicios presidenciales en 2009, la Fiscalía decidió cerrar el caso, alegando que el proceso obstaculizaría la vida política del país. (Sputnik)