Cinco meses después del doblete sísmico que golpeó severamente el estado La Guaira en junio de 2026, los comerciantes de la región aún esperan recibir la ayuda económica prometida por el gobierno interino. A pesar de los anuncios oficiales sobre programas de financiamiento, existe una brecha significativa entre lo anunciado y lo efectivamente entregado, generando desconfianza entre los empresarios locales sobre el destino de los recursos destinados para la reconstrucción.

La primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio de La Guaira, Cipriana Ramos, señaló que aunque se realizaron dos censos para identificar a los afectados por las pérdidas en infraestructuras, equipos y mercancía, pocos comerciantes han reportado haber recibido efectivamente los créditos prometidos. La institución gremial ha solicitado información a bancos públicos y privados sobre la evolución de los desembolsos, pero la respuesta ha sido insatisfactoria debido a la falta de transparencia en los datos oficiales sobre el número de beneficiarios y los montos otorgados.

Según reportes extraoficiales, las entidades bancarias estatales habrían aprobado alrededor de 1,9 mil millones de bolívares, equivalentes a poco más de 2 millones de dólares al cambio oficial. Sin embargo, la Cámara de Comercio considera esta cifra poco creíble, tanto por la ausencia de datos formales transmitidos por canales oficiales como porque la mayoría de sus afiliados aseguran no haber recibido los préstamos que solicitaron. El gobernador de La Guaira indicó que actualmente el 64,5% de los comercios de la región están operativos, una cifra que contrasta con la gravedad de los daños estimados por Naciones Unidas en más de 37 mil millones de dólares.

La encuesta realizada por la Cámara de Comercio revela la urgencia de la situación: 86,1% de los comercios exige apoyo financiero y créditos blandos como prioridad para recuperarse, mientras que 51,9% se encuentra en cierre temporal y 11,1% no tiene expectativas de reapertura. Adicionalmente, 80,3% de las unidades evaluadas registra caídas drásticas de ingresos superiores al 50% o pérdidas totales, evidenciando la magnitud del impacto económico del desastre natural y la necesidad urgente de que se ejecuten efectivamente los recursos prometidos.

Fuente: Infobae VE — Ver nota original


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